Por Nadia Quiroga

Este viernes el Concejo Deliberante de Baradero fue el epicentro del escándalo: hasta allí llegó Juan Ramos, concejal electo en uso de licencia y procesado por Abuso sexual y corrupción de menores, junto a su abogado y unas 50 personas que con carteles y rezos, pedían por su regreso a la banca. El edil había presentado horas antes una nota en la que pedía volver a integrar el cuerpo, pese a que la licencia que él mismo firmó, tal vez cuando esperaba librarse de la causa judicial rápidamente, dice que terminará "cuando se resuelva su situación procesal". 

Del otro lado, también unas 50 personas, con carteles que pedían "Un concejo sin abusadores", buscaban apelar a la conciencia de las y los concejales en su votación, para impedir que un procesado por delitos de tamaña gravedad vuelva a la composición del cuerpo. Bien es cierto y lo sabe Juan Ramos que, en el año 2022, aún no hay leyes que nos protejan de que sospechados de tales aberraciones puedan estar dictando leyes o decidiendo nuestros destinos como ciudadanas/os. 

La sesión nunca ocurrió: ninguno de los bloques se presentó en el recinto. Ramos salió del Concejo Deliberante anunciando que había regresado a la banca y que volvería el lunes al trabajo en comisiones. Pero todo es confusión y consultas legales respecto a la situación del procesado. 

Pedido de juicio oral

Lo que es concreto es que, casi en simultáneo aunque la requisitoria fue firmada el 3 de octubre, se conoció que la Fiscala María del Valle Viviani había solicitado al juez interviniente que fije la fecha del inicio del juicio oral al considerar que cuenta "con elementos suficientes para el ejercicio de la acción". 

En ocho folios, la fiscala da cuenta de los elementos recogidos de las distintas declaraciones, tanto de los procesados como de la víctima y testigos de los hechos denunciados, como del informe victimiológico de la víctima que, firmado por numerosos profesionales, que permite certificar que la denunciante sostiene "un relato claro, coherente y sin contradicciones". 

En esta requisitoria, la fiscala eleva además la carátula a la que arribó de acuerdo a los elementos recogidos en esta instancia preparatoria. Para la fiscala, Alcides Eduardo Gimenez resulta ser autor penalmente responsable del delito de Abuso sexual con acceso carnal, mientras que Juan Sebastián Concilio, Juan Maria Ramos, y Luis María Tettenborn resultan ser autores penalmente responsables del delito de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado, en concurso real con corrupción de menores agravada. 

Ahora dependerá, cumplidos otros pasos procesales, de la decisión del juez a partir del análisis de la instrucción para conocer cómo sigue la causa que se inicia con una denuncia en septiembre de 2020 aunque por hechos ocurridos durante el año 2008, cuando la denunciante tenía 14 años y los procesados eran, obviamente, mayores de edad.

El comunicado de los/as abogados/as de la denunciante

La Fiscal Dra. María del Valle Viviani, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio nro. 7 de San Pedro, formuló requerimiento de elevación a juicio en la causa n° 1605/20 por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores agravada. Consideró que los elementos de prueba obtenidos durante la instrucción confirmaron la ocurrencia de los hechos denunciados y que debe avanzarse sobre la siguiente etapa procesal, que es el juicio oral y público.

Se trata de un paso más hacia la determinación final de responsabilidades, reconociendo a través de los testimonios recibidos y de otras pruebas, la veracidad del relato de la víctima.

Como sus abogados en el expediente mencionado, hemos guardado silencio absoluto aún frente a publicaciones notoriamente mendaces, pues nuestra prioridad es evitar la exposición y la revictimización de nuestra asistida. Lo que este caso puede tener de interés público, es ajeno al proceso y a nuestro trabajo.

Confiamos en una sentencia justa en el marco de un juicio oral dotado de las debidas garantías para todos los involucrados lo antes posible y exhortamos a quienes tengan interés en el caso,
a preservar en todo momento a la víctima y su familia.

La nota está firmada por los abogados Mauricio Daniel Gugger e Ignacio Martín Irigaray y la abogada Daniela Lucía Portino González.

El pedido que molesta

En las últimas horas, el escándalo tomó caracter nacional y fue recogido por medios con tal alcance, incluyendo una nota de la periodista especializada en temas de género, Mariana Carbajal, que publicó una crónica en Página 12, recogiendo distintas voces y testimonios que se desprenden de la causa, incluyendo la postura de las organizaciones feministas locales y regionales: que Juan Ramos no vuelva a su banca hasta tanto no se resuelva su situación procesal.

Como contrapartida, medios encarnizados con el feminismo, que creen que es un movimiento que comenzó "hace 10 años", mostrando un nivel de ignorancia imperdonable para quienes tenemos la responsabilidad de comunicar, levantan la bandera de la inocencia de Juan Ramos y el resto de los procesados, autodesignándose jueces y poseedores de la verdad absoluta. 

Desde este espacio insisto en lo que escribía allá por el 2020: "No son los medios de comunicación ni es la opinión pública la que debe juzgar. En todo caso es rol de los y las comunicadoras, así como de los y las ciudadanas, exigir que la Justicia actúe. Y sea justa". El debate en torno a si debe o no volver a su banca, con los elementos existentes, es más ético/moral que legal, es cierto. El pedido de respeto por la denunciante debería ser unánime y ese respeto debería incluir, considero, la continuidad de la licencia de Ramos a su banca hasta tanto su autoproclamada inocencia quede corroborada por la Justicia. 

Para una política vapuleada muchas veces por el propio accionar de las y los funcionarios, tal vez esto sea mucho pedir. ¿Pero qué posibilidades tiene un cuerpo de avanzar en la formación en género, la aplicación de la Ley Micaela o en la sanción de ordenanzas con perspectiva de género cuando uno de sus integrantes enfrenta un proceso judicial semejante?

El pedido es que, hasta tanto se resuelva su situación procesal, Ramos no vuelva a la banca. Seguramente si el concejal estuviera acusado por un delito de robo contra la propiedad privada, la solicitud encontraría eco en amplios sectores de la población para quienes el cuerpo y la psiquis de las mujeres no tienen, ni por asomo, la misma relevancia.