Publicado el 06/02/2019 12:22 Hs.

Banco de tierras municipal, la Ordenanza San Pedro 2000 y el drama de las usurpaciones

A días de una serie de usurpaciones en San Pedro que no hacen más que desnudar la falta de terrenos para dar respuesta a un derecho esencial de todas las personas como es el acceso a una vivienda, un repaso por las ordenanzas vigentes para intentar dar una respuesta. Entre las leyes, una ordenanza perversa y las buenas que no se cumplen.

Foto archivo Visión Regional

Por Roberto Borgo

En noviembre de 2016 se aprobaba la Ordenanza 6234 que establecía la afectación de tasas para el desarrollo de diversos ejes de la política municipal. Un muy buen intento de unificar la desconexión de normas que el partido registraba como consecuencia de, por años, no actualizar su legislación.

Educación, Deporte, Cultura. Tierras y Viviendas eran abordados en un Municipio en el cual las dificultades económicas derivaban a la utilización de fondos afectados a destinos presupuestarios ordinarios. Pretendía darle un fin y que los fondos fueran a generar política de estado en esos ejes.  

Quizás lo más novedoso y esperanzador era la creación del Banco de Tierras Municipal conjuntamente con el desdoblamiento del viejo Fondo de Viviendas y Escuelas que muy poco pudo generar desde su creación.

San Pedro sufrió en los últimos 30 años de déficit habitacional: las políticas nacionales y provinciales no gotearon en planes como en el resto de los municipios del país. Cuando llegaron terminaron en escándalo como el Barrio San Francisco con usurpaciones y deficiencias de obras que esperan la exasperante lentitud de la justicia.

Los intereses inmobiliarios siempre ganaron la pelea ante las necesidades habitacionales del común de los ciudadanos, con la complicidad manifiesta de la política la obra pública de servicios se dirigió a sectores de nuestra ciudad donde solo se ganaba valuación para sus ideadores.

Durante los primeros meses del 2017 la gestión del Intendente Salazar y los Concejales quienes debían trabajar en lo que se establecía, designaron representantes y fijaron fecha para la primera reunión de la comisión de ambos poderes.  Se fijó para el 17/05/2017 y fue la única. A pesar que la ordenanza establecía una reunión mensual, de 18 obligatorias a diciembre de 2018. Solo una se realizó.

Solo tuvo tratamiento exprés la compra de un predio en La Tosquera, en el que hoy existe un asentamiento dentro de la propiedad municipal. Sin desestimar las necesidades de las personas que se han instalado, ninguno de los responsables políticos lo ha visto.

En septiembre de 2017 ingresa al Concejo Deliberante un expediente del Ejecutivo proponiendo sobre tres propiedades la construcción de 53 viviendas. Definía la utilización de los fondos para la compra de los terrenos y construcción para ser afrontadas a plazo por sus beneficiarios. Se giró a la Comisión y se archivó. Y eso fue todo en casi tres años. 

La vivienda es una necesidad básica de todos. Para ciertos sectores de poder adquisitivo (aunque pareciera que vivamos en San Pedro Hills) existe financiación, bancaria o la propia de los desarrolladores – esto no es objeto de crítica cada cual puede hacer negocios como den los números – pero la inmensa mayoría de gente que trabaja y tiene que destinar una gran parte de sus ingresos a alquileres está fuera del circuito bancario o financiero. No es cuestión de regalar nada, las críticas siempre apuntan a destacar la falta de esfuerzos, pero nada dicen cuando todos los contribuyentes pagamos la obra de gas por el Fondo de Obras Públicas de un barrio privado de propiedades superiores a 50.000 dólares. O que la mayor inversión en servicios de red de agua de estos años fuese sobre Ruta 1001 entre Crucero Gral. Belgrano y Rómulo Naon.  ¿Casualidad?

Si todos debemos colaborar a que ganen algunos, ¿cuándo el estado local va a colaborar con los que trabajan y no llegan a tener esta capacidad de presionar a los que elegimos? 
En las últimas semanas vimos un recrudecimiento de las usurpaciones. La propiedad privada es un derecho que todos debemos preservar y actuar en consecuencia. Los fenómenos de este tipo tienen un trasfondo de injusticia. El estado debe atacar los problemas de origen: el que crea que se arreglan con palos o regalando chapas se equivoca. Tampoco son espontáneos: la falta de esperanza de un techo propio es el mejor caldo para los oportunistas del anarquismo. 

El ordenamiento territorial de nuestro partido está preso de la maldita San Pedro 2000, una ordenanza que actúa bajo el paraguas del silencio y el desconocimiento de la mayoría de los vecinos, favoreciendo a algunos y a nadie más; dilapidando los valiosos recursos de todos nosotros en favor de unos pocos.

A 27 años tiene más parches que la misma ordenanza, fue modificada en más de 60 ordenanzas. Las excepciones solo han solucionado problemas a los que lucran con el negocio. O alguien recuerda una a favor de la gente?

Los números nos dicen que desde el poder es apatía, desinterés o interés dirigido:
20 Millones del Fondo de Obras Publicas duermen en plazos fijos y cuentas bancarias. Esto alcanzaría para dotar de servicios (Agua, Energía Eléctrica- Alumbrado y Cordón Cuneta – con estabilizado de calles) a más de 80 manzanas, se repagaría en tres años.
El fondo de vivienda en el 2016 disponía de $ 4.69 Millones de Pesos de los cuales gastaron $ 2.11Millones -1.79 Millones corresponden a la compra de la propiedad de La Tosquera. La ordenanza establecía que los fondos debían utilizarse en Programas de Viviendas, no a la adquisición que ya tenía fondos a recaudar y los cuales no existen según las rendiciones de estos dos años.

En el 2017 se recaudaron $ 4.15 millones y ejecutan $ 625.018 en gastos de estructura. En el año 2018 el fondo estimativamente genero 4.00 Millones.

Serían 10 Millones para encarar planes de autoconstrucción más de 100 viviendas, sin que nadie regale nada. Dignidad seria el término apropiado. Las formas de hacerlo cristalino y justo sin utilización política son fáciles, solo es cuestión de quererlo hacer.
El Banco de Tierras definido por la Ordenanza tiene sus ingresos en la “recaudación percibida del Canon derivado de la explotación de la concesión del uso del espacio aéreo y subterráneo integrantes del dominio público comunal para la instalación y explotación comercial por canales de circuito cerrado de televisión por cable, antena comunitaria de televisión y subsidiario de frecuencia modulada en el ámbito del Partido de San Pedro”. No se ha informado cuanto se ha recaudado, menos que se ha hecho con los fondos.

Ninguna ciudad que quiera mejorar hacia su futuro, puede permitir que los desarrollos se dirijan hacia los negocios inmobiliarios, estos a la larga o a la corta expulsan a los sectores de menos ingresos. Si nos fallan los cimientos, la ordenanza de desarrollo territorial todo lo que avancemos cae por su propio peso.