Publicado el: 18/06/2017 13:00 Hs.

Tarifazo: El Juez Arias frenó el aumento de Vidal "en defensa de los intereses de los usuarios"

Un nuevo fallo del Juez Arias hizo lugar a una presentación realizada por el Defensor del Pueblo Guido Lorenzino y frenó el aumento definido por la Gobernadora María Eugenia Vidal. El aumento alcanza subas de hasta el 131 por ciento para los usuarios bonaerenses. 

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La nueva medida dictada por el Juez Arias "suspende cautelarmente los efectos de la Resolución 419/17 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, que aprueba los nuevos valores del cuadro tarifario de EDELAP S.A., EDEN S.A, EDES S.A y EDEA S.A. y cooperativas del interior" a la vez que especifica que no se verán  afectados los beneficios de la "Tarifa Social", los "Electro Dependientes", y las entidades de Bien Público (Ley 27.218). 

El escrito también permite a los usuarios estén de acuerdo con el aumento de la tarifa, que firmen una declaración jurada ante la respectiva distribuidora o cooperativa acreditando su intención de excluirse de este juicio al tiempo que se le ordena a las distribuidoras y cooperativas, la inscripción de una leyenda en la factura que deberá contener, como mínimo: la caratula del proceso, el Juzgado interviniente, las partes, el objeto de la pretensión, su carácter colectivo, la determinación de la clase o grupo de afectados y la posibilidad y el plazo dentro del cual podrán ejercer el derecho de exclusión.

El tarifazo anunciado por la gobernadora el 15 de mayo mencionaba un aumento del 58,1% que luego de ser analizado por Deuco resultó oscilar entre un 113% y un 131% según el tipo de usuario afectado.

El pasado 19 de mayo el Juez Arias se hizo lugar a la medida pre-cautelar solicitada por el Sr. Defensor del Pueblo, suspendiendo los efectos de la Resolución 419/17 y ordenando que el Ministerio produzca un informe sintetizado respecto del cronograma de aumento de las tarifas, sus porcentajes según distintas categorías de usuarios y áreas de concesión en el plazo de cinco (5) días.

El 8 de junio la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata, suspendió la medida emitida por Arias, que ahora queda sustituida por la nueva cautelar.

Entre los fundamentos de la nueva cautelar, el magistrado considera a la resolución ilegítima por violar el art. 39 de la Ley 11.769, cuyo texto establece: “Los servicios públicos de electricidad suministrados por los concesionarios serán ofrecidos a tarifas justas y razonables, teniendo en cuenta el derecho de acceso a la energía de todo habitante de la Provincia de Buenos Aires” a la vez que detalla que el aumento de los cargos fijos establecidos de un modo uniforme para todas las categorías, sin distinción de los consumos según los usuarios y en igual proporción, representa un incremento mayor para los usuarios de menor consumo, dada la importancia de la incidencia del citado cargo en la facturación final.

Arias hace notar que las distribuidoras que recibirían el beneficio por estas irregularidades serían propiedad de un único grupo económico (Grupo DESA) lo que significa que el incremento tarifario implementado por la resolución aparece prima facie contrario a los derechos constitucionales de “protección de los intereses económicos de los usuarios“, “información adecuada y veraz“, y condiciones de “trato equitativo y digno“.

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